World Justice Project: RD logra el mayor avance mundial en el Índice de Estado de Derecho 2025
SANTO DOMINGO.– La República Dominicana alcanzó el mayor avance global en el Índice de Estado de Derecho 2025 del World Justice Project (WJP), tras escalar once posiciones —del puesto 86 al 76 entre 143 países evaluados—, con un incremento de su puntuación de 0.49 a 0.50, equivalente a una mejora del 2.1%.
De acuerdo con el informe del WJP, el país mostró avances significativos en siete de los ocho factores evaluados, especialmente en los límites al poder del gobierno, la justicia civil y la justicia penal, reflejando un fortalecimiento sostenido de las instituciones, una mayor eficiencia judicial y una creciente confianza ciudadana en el sistema de justicia.
Fortalecimiento del sistema judicial
El estudio destaca como pilar del progreso dominicano la implementación del sistema nacional de gestión de casos en materia penal, que ha mejorado la trazabilidad de expedientes, reducido la mora judicial y reforzado el respeto al debido proceso.
El presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, Luis Henry Molina Peña, valoró el resultado como “una señal clara de que la República Dominicana avanza en el fortalecimiento de sus instituciones con base en hechos verificables”.
“El Índice del World Justice Project no es una competencia, sino una brújula que nos muestra dónde estamos y hacia dónde debemos seguir caminando. La mejora de este año refleja el esfuerzo sostenido de jueces, juezas y servidores judiciales que construyen justicia cada día con datos, transparencia y sentido humano”, expresó Molina.
El magistrado resaltó, además, el papel de la Mesa Interinstitucional de Justicia Penal, conformada por el Poder Judicial, la Procuraduría General de la República y la Oficina Nacional de la Defensa Pública, que ha promovido la interoperabilidad, la formación conjunta y la coordinación institucional en beneficio de una justicia más ágil y coherente.
Avances en la justicia civil y métodos alternos
En el ámbito de la justicia civil, el informe subraya una evolución positiva en la agilidad procesal, la integridad judicial y la reducción de la percepción de corrupción, gracias a los programas de eficiencia implementados desde 2019.
El fortalecimiento de los métodos alternos de resolución de conflictos —como la mediación, el arbitraje y la conciliación— ha contribuido a descongestionar los tribunales y ofrecer vías más rápidas y accesibles para la solución de disputas entre ciudadanos y empresas, incrementando la confianza en la justicia.
Transparencia y gobierno abierto
El World Justice Project también reconoce el liderazgo de la República Dominicana en transparencia judicial y gobierno abierto, destacando la creación del Observatorio del Poder Judicial, la Juriteca, la Política de Participación Social y la Política de Datos Abiertos, herramientas que consolidan al país como un referente regional en apertura institucional.
Estas plataformas permiten el acceso público a estadísticas, decisiones judiciales y datos en tiempo real, garantizando la rendición de cuentas y la participación ciudadana en los procesos de transformación judicial.
Un avance histórico y sostenido
Con este resultado, la República Dominicana se posiciona entre los 16 países mejor valorados de América Latina y el Caribe, consolidando una tendencia ascendente desde 2019 y evidenciando que las reformas estructurales aplicadas en el sistema judicial han comenzado a rendir frutos tangibles.
“El desafío, hacia la Justicia del Futuro 2034, será profundizar en una justicia más ágil, accesible, transparente y centrada en las personas”, señala el documento del WJP.
Sobre el World Justice Project (WJP)
El World Justice Project es una organización internacional independiente con sede en Washington, D.C., que mide anualmente el grado en que los países aplican los principios del Estado de Derecho en la vida cotidiana.
Su evaluación se basa en encuestas a ciudadanos y expertos sobre factores como la ausencia de corrupción, el respeto a los derechos fundamentales, la transparencia gubernamental, el acceso a la justicia civil y penal, y la eficiencia institucional.
