Yeni Berenice: La corrupción es un delito autónomo bajo el nuevo Código Penal
SANTO DOMINGO.— La República Dominicana dio un paso histórico en la lucha contra la corrupción, al tipificarla por primera vez como delito autónomo en el nuevo Código Penal, según anunció la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, durante una conferencia sobre las reformas al marco penal y la nueva Ley de Compras y Contrataciones Públicas.
“La corrupción deja de depender de otros delitos y cualquier acto doloso que afecte al patrimonio público podrá ser sancionado directamente”, afirmó Reynoso, quien destacó que la medida fortalece la transparencia y marca un avance en la lucha contra la impunidad.
Penas más severas y alineación internacional
La procuradora explicó que los delitos de corrupción estarán sujetos a penas de entre 3 y 10 años de prisión, alineadas con la Ley de Lavado de Activos, lo que además permitirá que se consideren delitos precedentes. Añadió que el nuevo marco contempla la acumulación de penas, reforzando así el nivel de sanción.
“Con estas medidas, el Código Penal se ajusta a los estándares internacionales y a la Convención contra la Corrupción, acercándose a los modelos más avanzados del mundo”, subrayó Reynoso.
Enriquecimiento ilícito y sanción a empresas
Entre las novedades, se introduce el delito de enriquecimiento ilícito, que permitirá el decomiso de bienes y la inhabilitación de por vida de quienes resulten condenados para ocupar cargos públicos, ya sean electivos o de designación.
“Al que se le condenó por enriquecimiento ilícito jamás podrá volver a una función pública”, puntualizó Reynoso.
Otro aspecto relevante es la responsabilidad penal de las personas jurídicas, lo que implica que empresas involucradas en actos de corrupción podrán enfrentar sanciones que incluyen desde multas millonarias hasta la disolución definitiva.
Nuevos delitos en contrataciones públicas
El Código también tipifica delitos relacionados con la contratación pública, como la manipulación de pagos de obras, el otorgamiento irregular de contratos, la alteración de precios y el pago por trabajos inexistentes.
“Romper las reglas en las compras y contrataciones del Estado es robarle al pueblo”, advirtió la procuradora.
Asimismo, quedan prohibidas prácticas como ser juez y parte en un contrato o la falsificación de documentos para obtener beneficios ilícitos.
Presentación y respaldo institucional
La conferencia se llevó a cabo en el auditorio de la Dirección General de Aduanas (DGA), con la presencia de figuras como Eduardo “Yayo” Sanz Lovatón, director de Aduanas; Milagros Ortiz Bosch, directora de Ética e Integridad Gubernamental; y Osvaldo Bonilla, procurador adjunto.
Sanz Lovatón destacó la relevancia de que tanto los colaboradores de la institución como la sociedad conozcan el alcance de estas reformas, las cuales —dijo— fortalecerán la transparencia en la gestión pública y el marco regulatorio aduanero.
