El mundo pregunta: ¿Trump puede ser candidato a la Presidencia o gobernar desde la cárcel?

Desde que Eugene Debs hizo campaña desde una celda de prisión hace más de un siglo, en Estados Unidos no se había visto lo que está sucediendo: un candidato importante que ha sido condenado por delitos graves contiende a la presidencia. Y nunca antes ese candidato había sido alguien con posibilidades reales de ganar.

Un jurado de Manhattan condenó el jueves al expresidente Donald Trump por falsificar registros comerciales para encubrir un pago de dinero para silenciar a una estrella del porno. Ha sido acusado de decenas de otros delitos graves en tres casos más: dos federales y uno en Georgia.

Por ahora, no enfrenta restricciones formales de campaña, y sigue siendo muy competitivo en las encuestas. Pero su sentencia por las condenas de Nueva York se aproxima, puesto que está prevista para el 11 de julio, mientras los otros casos se siguen desarrollando, y la Constitución y la legislación estadounidense solo tienen respuestas claras para algunas de las preguntas que se han planteado y que pueden seguir surgiendo.

Otras llevarían al país por un territorio totalmente desconocido y las decisiones más importantes quedarían en manos de jueces federales.

Esto es lo que sabemos y lo que no.

¿Trump puede contender a la presidencia después de ser condenado?

Esta es la pregunta más sencilla de todas. La respuesta es sí.

La Constitución establece muy pocos requisitos de elegibilidad para los presidentes. Deben tener al menos 35 años, ser ciudadanos naturales “de nacimiento” y haber vivido en Estados Unidos al menos 14 años.

No hay limitaciones basadas en la reputación o los antecedentes penales (aunque algunos estados prohíben a los delincuentes aspirar a cargos estatales y locales, estas leyes no se aplican para los cargos federales).

El Partido Republicano y el Partido Demócrata tienen espacios garantizados en las boletas de las elecciones generales en todos los estados y los partidos indican a las autoridades electorales qué nombre poner en su lugar. Los estados podrían, en teoría, tratar de mantener a Trump fuera de las papeletas aprobando leyes que exijan no tener antecedentes penales, pero esto sería sobre un terreno jurídicamente inestable.

“Dejamos que los estados decidan la hora, el sitio y la forma” de las elecciones, dijo Jessica Levinson, profesora de la Escuela de Derecho Loyola especializada en derecho electoral, “pero creo que la mejor lectura de nuestra Constitución es que no se permite que el estado añada nuevos requisitos sustantivos”.

Si bien esa perspectiva no es universal entre los juristas, sí ganó en un tribunal en 2019, cuando California intentó exigir que los candidatos difundieran sus declaraciones de impuestos a fin de aparecer en las papeletas de las primeras. Un juez federal de distrito bloqueó el fallo, al indicar que lo más probable es que fuera inconstitucional. La Corte Suprema de California también la bloqueó de manera unánime como violación de la constitución estatal, y el caso nunca llegó a la Corte Suprema de EE. UU.

¿Y la Décimocuarta Enmienda?

La Corte Suprema dictaminó por unanimidad en marzo que los estados no podían excluir a Trump de sus votaciones en virtud de la Sección 3 de la Decimocuarta Enmienda, que descalifica a las personas que “participaron en insurrección o rebelión” después de prestar juramento para cumplir con la Constitución.

Numerosas demandas habían argumentado que las acciones de Trump antes de y durante el 6 de enero de 2021 —que son objeto de dos causas penales contra él, pero que no están relacionadas con este caso en el que fue condenado— cumplían este requisito. En diciembre, la Corte Suprema de Colorado lo declaró inelegible, y la secretaria de Estado de Maine hizo lo mismo.

Pero la Corte Suprema —dirigido por una supermayoría conservadora, con tres jueces nombrados por el propio Trump— concluyó que solo el Congreso tenía potestad para aplicar la Sección 3 a los candidatos a cargos federales. (Cuatro de los jueces, incluidos los tres liberales, querían permitir una gama más amplia de opciones para la descalificación).

El Congreso no va a hacer eso con los republicanos en el control de la Cámara. Y la Decimocuarta Enmienda es independiente de los casos penales, lo que significa que las condenas en los casos relacionados con las elecciones tampoco descalificarían a Trump.

El Congreso puede designar grupos de personas a los que se aplique la Sección 3 (como las personas que lucharon por la Confederación) o delitos específicos que, en caso de condena, desencadenarían la descalificación, dijo Anthony Michael Kreis, profesor adjunto de derecho en la Universidad Estatal de Georgia. Pero ninguno de los delitos de los que se acusa a Trump conlleva esa pena automática.

“Que Trump sea o no juzgado, condenado, absuelto, es una cuestión distinta de si está o no inhabilitado”, dijo Richard Hasen, experto en derecho electoral de la Universidad de California en Los Ángeles.

Uno de los cargos en el caso federal relacionado con los esfuerzos de Trump para anular las elecciones de 2020 —conspiración para violar derechos civiles— en algún momento contemplaba una pena de inhabilitación, dijo Kreis, pero el Congreso lo eliminó hace décadas.

¿El partido podría remplazarlo en la boleta?

Ahora que Trump ha asegurado la mayoría de los delegados a la convención republicana, el partido no tiene ningún mecanismo para nominar a otra persona. Según las normas oficiales de la convención del partido, si un delegado intenta apoyar a alguien que no sea la persona a la que lo vincularon los resultados de las primarias, “dicho apoyo no será reconocido”.

Los principales republicanos tampoco han mostrado ningún interés en otro candidato.

Si se viera obligado a retirarse de la campaña después de la convención, los líderes del partido podrían remplazarlo; consideraron hacerlo en 2016 después de la publicación de la grabación de Access Hollywood en la que se jactaba de agarrar los genitales de mujeres. Pero esto es muy poco probable, dado el vigor con el que el partido ha cerrado filas en torno al candidato.

¿Podría votar después de ser condenado?

Eso dependerá de la sentencia. Esto es lo que sabemos:

Trump está registrado para votar en Florida, y en ese estado las personas condenadas por delitos graves están privadas del derecho al voto. La mayoría de los delincuentes en Florida recuperan su derecho a votar al terminar de cumplir su sentencia, incluida la libertad condicional, y el pago de todas las multas y cuotas. Pero dependiendo de su sentencia, es posible que Trump no tenga tiempo de cumplir su condena antes del día de las elecciones.

Las normas de Nueva York son un poco más indulgentes: los delincuentes pueden votar mientras están en libertad condicional. Y existe la posibilidad de que si Nueva York permite que Trump vote, Florida también lo haga. Hay una disposición en la ley de Florida que podría aplicar las normas de Nueva York, porque es donde se produjo la condena. Un portavoz de la oficina del secretario de Estado de Florida no respondió inmediatamente a las preguntas sobre esa disposición.

Pero, en Florida y en casi todos los demás estados, los delincuentes siguen privados del derecho a votar mientras están en prisión, por lo que si Trump es encarcelado no podría ejercer ese derecho a pesar de todo. Eso lo pondría en la extraordinaria situación de ser considerado apto para ser votado, pero no apto para votar.

Trump podría solicitar clemencia, lo que requeriría la aprobación del gobernador —Ron DeSantis, quien compitió contra el expresidente en las primarias republicanas— y de dos miembros del gabinete de Florida. Chris Taylor, director de asuntos externos de la Comisión de Revisión de Delincuentes de Florida, confirmó que un residente de Florida condenado por un delito grave podría solicitar que se restablezca su derecho al voto a través de ese proceso, incluso si su condena ocurrió fuera de Florida.

¿Qué sucede si resulta electo desde prisión?

Nadie sabe.

“Estamos muy lejos de cualquier cosa que haya ocurrido”, dijo Erwin Chemerinsky, experto en derecho constitucional de la Universidad de California en Berkeley. “Solo son conjeturas”.

Desde el punto de vista jurídico, Trump seguiría siendo elegible para ser presidente incluso si fuera a prisión. La Constitución no dice nada en contra. “No creo que los constituyentes pensaran en ningún momento que íbamos a estar en esta situación”, dijo Levinson.

En la práctica, la elección de un presidente preso crearía una crisis jurídica que casi con toda seguridad tendrían que resolver las cortes.

En teoría, Trump podría ser despojado de su autoridad en virtud de la Vigésima Quinta Enmienda, que establece un proceso para transferir la autoridad al vicepresidente si el presidente es “incapaz de cumplir con los poderes y deberes de su cargo”. Pero eso requeriría que el vicepresidente y una mayoría del Gabinete declararan a Trump incapaz de cumplir con sus obligaciones, una perspectiva remota dado que se trataría de funcionarios leales designados por el propio Trump.

Lo más probable es que Trump pudiera presentar una demanda para ser liberado con el argumento de que su encarcelamiento le impide cumplir sus obligaciones constitucionales como presidente.

Si fuera condenado en uno de los dos casos federales antes de las elecciones —una posibilidad cada vez más improbable, debido al éxito de sus abogados para retrasar ambos casos— y luego ganara en noviembre, también podría intentar indultarse a sí mismo o conmutar su sentencia después de llegar al cargo. De este modo, mantendría su condena pero pondría fin a su encarcelamiento. Cualquiera de las dos acciones constituiría una afirmación extraordinaria del poder presidencial, y la Corte Suprema sería el árbitro final en cuanto a la constitucionalidad de un “autoperdón”.

O, antes de dejar el cargo, el presidente Joe Biden podría indultar a Trump con base en que “el pueblo se ha manifestado y necesito perdonarlo para que pueda gobernar”, dijo Chemerinsky.

Pero un perdón presidencial no se aplicaría a los casos de Nueva York o Georgia, porque el presidente no tiene poder de indulto para acusaciones estatales.

¿Y qué pasa si es elegido y los casos siguen en proceso?

En los dos casos federales, lo más probable es que un fiscal general nombrado por Trump retire los cargos.

El Departamento de Justicia no acusa a presidentes en funciones, conforme a una política esbozada en un memorando de 1973, durante la era de Richard Nixon. Nunca había sido necesario desarrollar una política sobre qué hacer con un presidente entrante que ya ha sido acusado. Pero el razonamiento para no acusar a los presidentes en funciones —algo que interferiría con sus capacidades para ejercer sus funciones— aplica del mismo modo en este escenario hipotético.

“Las razones por las que no querríamos acusar a un presidente en funciones son las razones por las que no querríamos procesar a un presidente en funciones”, ha dicho Chemerinsky, que ha estado en desacuerdo con el razonamiento del departamento. “Mi conjetura es que, si el proceso continuara y Trump resultara electo, el Departamento de Justicia— que sería el Departamento de Justicia de Trump— diría: ‘Nos apegamos al memorando de 1973’”.

Esto, como muchas otras cosas aquí planteadas, sería algo sin precedente legal, y es imposible saber qué haría la Corte Suprema si esa situación fuera sometida a su consideración.

En su fallo del caso Clinton contra Jones en 1997, la corte permitió que procediera una demanda contra el presidente Bill Clinton. Pero se trataba de un caso civil, no penal, y lo había presentado un ciudadano privado, no el mismo gobierno.