Austeridad sin asfixia
Las medidas de austeridad anunciadas por el Gobierno son pertinentes. En una crisis internacional que presiona los combustibles, encarece la economía y obliga a revisar prioridades, el Estado tiene que dar señales de prudencia fiscal, contención del gasto y responsabilidad administrativa.
Sin embargo, dentro de ese paquete hay un punto que merece especial cautela y es el recorte en la publicidad oficial. Porque si bien reducir gastos, transparentar contratos y racionalizar la inversión publicitaria es sensato, recortar no puede significar eliminar -ni asfixiar- a una industria que también genera empleos, sostiene familias, produce contenidos, informa, orienta y sirve como correa de transmisión entre las instituciones y la ciudadanía.
Ya el Gobierno ha establecido una meta económica de ahorro, por tanto, lo razonable sería diseñar un esquema equilibrado, revisando los contratos existentes, reajustando los montos, priorizando campañas y aplicando criterios transparentes para proteger el ecosistema de medios, periodistas y productores independientes.
Y es que, bien gestionada, la publicidad oficial no es un lujo sino una valiosa herramienta para comunicar políticas públicas, campañas de salud, seguridad vial, prevención, educación ciudadana, servicios institucionales y mensajes de interés colectivo, porque un gobierno necesita comunicar y una sociedad necesita estar informada.
Entonces, que haya una austeridad sin privilegios ni opacidad, pero que el necesario ajuste no se convierta en una acción que debilite voces, cierre espacios o empobrezca el pluralismo informativo. Porque si ahorrar es importante, especialmente en tiempos difíciles, preservar los medios de comunicación también lo es.
