En medio de todo el barullo armado con la promulgación de la Ley 01-24 que sustituye el antiguo Departamento Nacional de Investigaciones y crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), vale destacar cuatro puntos fundamentales.
El primero es que, nacida en la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo como Sistema de Inteligencia Militar (SIM) y luego transformada en 1962 a la Dirección General de Seguridad, pero con el mismo espíritu de espionaje, ostracismo, discrecionalidad y reglas propias, se hacía necesaria una ley que transparentara, compactara y actualizara esa estructura que en 1978 pasó de la Presidencia a las Fuerzas Armadas mediante la Ley 587.
Segundo, que ante el mal manejo del congreso con un tema sensible y que debió ser mejor tratado y debidamente explicado, resultan absolutamente válidas las preocupaciones de importantes segmentos de la sociedad frente a lo que pudiera ser una violación de derechos fundamentales.
Tercero, que es una irresponsabilidad de la oposición política venir ahora a hacer cuestionamientos a la 01-24 cuando sus propios partidos la aprobaron en el congreso, que era el escenario donde exponer esos argumentos con los que hoy pretenden escurrir el bulto y rasgarse las vestiduras.
Y cuarto, que no es verdad que el presidente Luis Abinader, quien por primera vez y contra toda práctica, nombró en la institución a un funcionario civil y sin perfil militar, ha pretendido hacer un ejercicio autoritario y que se evidencia con el dialogo intersectorial que ha propuesto para aclarar lo que haya que aclarar, porque lo verdaderamente cierto es que el país necesitaba de una legislación que adecuara y modernizara al antiguo DNI.